En su Primer Informe sobre el Estado de la Democracia en Honduras, la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) y el Observatorio de la Democracia advierten sobre el grave deterioro en la gobernanza democrática del país. Este reporte revela una profunda preocupación ciudadana por las graves fallas en el proceso electoral, el constante asedio al espacio cívico, el debilitamiento del Estado de derecho y la ineficiencia del gobierno para responder a las necesidades básicas de la población.
En un contexto de retroceso alarmante en derechos y libertades fundamentales, la RDD exige al gobierno tomar medidas concretas y urgentes en las siguientes áreas:
- Proceso electoral en riesgo: La transparencia de las próximas elecciones enfrenta serios desafíos, ya que en el proyecto de presupuesto actual no se han identificado los recursos necesarios para el proceso electoral de 2025. Esta falta de previsión afecta tanto al Consejo Nacional Electoral (CNE) como a la Unidad de Política Limpia (UPL), quienes requieren financiamiento adecuado para contratar e implementar sistemas críticos, como el de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el sistema biométrico.
La RDD exige que tanto el CNE como la UPL reciban el financiamiento necesario para asegurar elecciones transparentes y confiables, con una veeduría ciudadana activa que supervise todas las etapas del proceso. La participación de la sociedad civil es crucial para garantizar que cada paso en la organización y ejecución de los comicios se lleve a cabo con la transparencia y confianza que demanda la ciudadanía.
- Asedio al espacio cívico y ataque a la libertad de expresión: La RDD denuncia una alarmante escalada en los ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, con más de 170 defensores asesinados entre 2014 y 2023, y un total de 289 ataques documentados contra periodistas en los últimos tres años, según el informe Situación de los Derechos Humanos de la OACNUDH. La brutalidad de este contexto se vio reflejada en el vil asesinato del ambientalista y servidor de la Iglesia Católica, Juan López, cuya muerte evidencia el peligro latente para quienes luchan por la justicia y el medio ambiente en Honduras. A esta situación se suman más de 800 personas desaparecidas en lo que va de 2024, profundizando el clima de represión. Además, la intimidación mediante pautas gubernamentales y la cancelación de programas en medios de comunicación afectan directamente a periodistas y comunicadores. Adicionalmente, la entrega de subsidios a transportistas ha sido condicionada a su abstención de protestar contra el gobierno, mientras ministros y altos funcionarios emplean sus cuentas oficiales para atacar a organizaciones de la sociedad civil.
La RDD exige una investigación independiente, con apoyo internacional, sobre los casos de agresiones y desapariciones, así como directrices claras que prohíban a los funcionarios utilizar sus posiciones para intimidar o amenazar a defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
- Desmoronamiento del Estado de derecho: La RDD denuncia el preocupante debilitamiento del Estado de derecho en el país. La reciente cancelación del tratado de extradición y el incumplimiento de la promesa de instalar la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) son decisiones que socavan la justicia y aumentan la impunidad. Asimismo, la RDD expresa alarma ante el estado de excepción, que se ha extendido a 694 días hasta la fecha, restringiendo las libertades fundamentales de los hondureños.
Más aún, el papel activo de figuras estatales en temas políticos y electorales es inaceptable. La candidata del partido de gobierno, Rixy Moncada, ocupa simultáneamente el cargo de secretaria de Defensa, lo cual plantea serios conflictos de interés, dado que las Fuerzas Armadas deben actuar como garantes imparciales del proceso electoral. La RDD exige que Moncada renuncie a una de estas posiciones, ya que no puede ser candidata y titular de la Secretaría de Defensa a la vez sin comprometer la transparencia electoral. A esto se suma la participación indebida del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en discusiones sobre la Ley de Justicia Tributaria y la reciente utilización de una cadena nacional por parte del fiscal general para anunciar investigaciones contra candidatos de la oposición.
La RDD reitera su exigencia de restablecer el tratado de extradición, garantizar la instalación de la CICIH, el cese inmediato del estado de excepción y asegurar que tanto las Fuerzas Armadas como el Ministerio Público mantengan su imparcialidad, absteniéndose de interferir en asuntos políticos.
- Gobernabilidad y respuesta a necesidades básicas: La RDD alerta sobre la falta de estrategias efectivas por parte del gobierno para atender las demandas urgentes de la ciudadanía, incluyendo la generación de empleo, la reducción de la inflación y el fortalecimiento de la seguridad. El 11 % de los hogares en Honduras se ven obligados a pagar extorsión, una situación insostenible que exacerba el sufrimiento de la población. Además, en los últimos tres años, se han registrado más de 3,000 personas desaparecidas, lo que pone de manifiesto la grave crisis de seguridad en el país.
La RDD insta al gobierno a trabajar junto a la sociedad civil en la creación de políticas públicas que aborden estos problemas de manera integral y promuevan el bienestar de la población.
Las organizaciones y sectores que integran la Red por la Defensa de la Democracia reiteran su compromiso de monitorear y denunciar cualquier acto que amenace los principios democráticos en Honduras. Los hondureños merecen instituciones que garanticen sus derechos fundamentales, una sociedad civil respetada y una administración comprometida con la transparencia y la justicia.
Tegucigalpa, Honduras; 30 de octubre de 2024
Red por la Defensa de la Democracia
Observatorio de la Democracia